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El desarrollo de un proceso penal exige una preparación constante y un conocimiento profundo del ordenamiento jurídico, ya que en este ámbito cualquier error puede derivar en consecuencias irreversibles para las partes implicadas. Es en este lugar donde el trabajo del abogado penalista adquiere un valor incalculable, ya que su papel es el de actuar como garante de que los derechos fundamentales de su defendido no sean vulnerados en ninguna etapa del procedimiento. Además, este profesional debe estar atento a la evolución de la jurisprudencia y de las reformas legislativas, puesto que el derecho penal es dinámico y se encuentra en continua transformación. Desde la fase de investigación, pasando por la imputación de cargos, hasta llegar al juicio oral y a la eventual apelación, el conocimiento técnico y la capacidad argumentativa del abogado se convierten en elementos decisivos que pueden inclinar la balanza hacia una resolución más justa y equilibrada.